El Senado de Texas aprueba su versión del proyecto de ley de seguridad escolar de la Cámara

Ambas cámaras han dicho que la seguridad escolar es una prioridad en esta sesión después de que un hombre armado matara a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria de Uvalde el año pasado.

por Brian Lopez 21 de mayo de 20239 PM Centro

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El Senado de Texas dio su aprobación final el domingo a un proyecto de ley de seguridad escolar prioritaria que otorga al estado más poder para obligar a los distritos escolares a crear planes contra tiradores activos, requiere capacitación en salud mental para ciertos empleados y pone restricciones a quienes portan un arma en la escuela.

El Senado aprobó por unanimidad su última versión del Proyecto de Ley 3 de la Cámara, escrito por el representante Dustin Burrows, republicano por Lubbock. El proyecto de ley ahora regresa a la Cámara, que debe aceptar la nueva versión o negociar las diferencias con el Senado antes de que la legislación llegue al escritorio del gobernador Greg Abbott.

La propuesta requiere que el Centro de Seguridad Escolar de Texas, un grupo de expertos de la Universidad Estatal de Texas que ha estado revisando los protocolos de seguridad de las escuelas desde el tiroteo en la escuela secundaria de Santa Fe en 2018, realice controles de los edificios de un distrito escolar al menos una vez cada cinco años para asegurarse de que están siguiendo las normas de seguridad del estado. En el tiroteo de Uvalde, el hombre armado ingresó a Robb Elementary a través de una puerta trasera que no cerró correctamente.

De manera similar al Proyecto de Ley 11 del Senado, escrito por el Senador Robert Nichols, R-Jacksonville, HB 3 crearía un departamento de seguridad y protección dentro de la Agencia de Educación de Texas y le daría la autoridad para obligar a los distritos escolares a establecer protocolos sólidos contra tiradores activos. Aquellos que no cumplan con los estándares de la agencia podrían quedar bajo la supervisión del estado.

El proyecto de ley también requeriría que la TEA desarrolle estándares para notificar a los padres sobre "actividades violentas" en el campus y establezca equipos de revisión de seguridad escolar para realizar evaluaciones de vulnerabilidad de todos los campus escolares una vez al año.

Ambas cámaras han dicho que la seguridad escolar es una prioridad en esta sesión después de que un hombre armado matara a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria de Uvalde el año pasado. Ambos han aprobado leyes de seguridad escolar, como un proyecto de ley del Senado que incluye muchas de las disposiciones del proyecto de ley de la Cámara aprobado el domingo. Sin embargo, los padres de las víctimas de Uvalde quedaron decepcionados después de que el proyecto de ley para aumentar la edad que defendían no se sometiera a votación en el pleno de la Cámara. El proyecto de ley habría cambiado la edad para comprar legalmente rifles semiautomáticos de 18 a 21 años.

En sus propuestas presupuestarias para los próximos dos años, la Cámara de Representantes asignó $1,600 millones para seguridad escolar, mientras que el Senado solicitó una inversión de casi $1,300 millones. Los miembros de ambas cámaras aún están negociando qué se incluirá en el presupuesto final.

Las cámaras ya enviaron el Proyecto de Ley Senatorial 838, escrito por el Senador Brandon Creighton, R-Conroe, al escritorio de Abbott. Requeriría que los distritos usen parte de su presupuesto de seguridad escolar para colocar botones silenciosos de alerta de pánico en cada salón de clases. Los botones alertarían inmediatamente a las agencias de aplicación de la ley durante emergencias. La propuesta parece ser en respuesta a las fallas de radio de la policía dentro de Robb Elementary durante el tiroteo de Uvalde.

La versión de HB 3 que se aprobó en el Senado elimina dos componentes clave del proyecto de ley de Burrows: elimina el requisito de que las escuelas tengan un oficial de seguridad armado en cada campus y reduce el dinero que las escuelas pueden invertir para asegurar sus campus de $100 a $10. por alumno. Actualmente, esa cifra es de $ 9.72.

El senador José Menéndez, demócrata de San Antonio, intentó enmendar el proyecto de ley para aumentar la asignación a $100 una vez más, pero fracasó.

“Sé que es una enmienda costosa. Simplemente no quiero que ninguno de nosotros vaya a casa y escuche de nuestros electores que les proporcionamos más mandatos sin fondos”, dijo Menéndez.

Esta versión también agrega que aquellos que portan un arma en el campus no pueden actuar como agentes de la ley, como hacer arrestos, a menos que sea para evitar una muerte o una lesión corporal grave.

El proyecto de ley mantiene una disposición en la que cada campus recibiría $ 15,000 para mejoras de seguridad además de otras asignaciones ya incluidas en las propuestas presupuestarias de ambas cámaras.

Según este proyecto de ley, los empleados escolares que interactúan regularmente con niños deberían completar un "programa de capacitación en primeros auxilios para la salud mental basado en evidencia". La Agencia de Educación de Texas reembolsaría al empleado el tiempo y el dinero gastados en la capacitación.

El Senador Royce West, D-Dallas, trató de agregar una enmienda que otorgaría a las escuelas $100,000 para abordar las necesidades de salud mental, pero finalmente la eliminó porque Nichols, el patrocinador del proyecto de ley, dijo que la HB 3 no era el "vehículo" adecuado para tal enmienda y los legisladores estudiarían la financiación de la salud mental en las escuelas durante el ínterin.

"¿Estamos haciendo lo necesario para financiar realmente los distritos escolares y específicamente la salud mental porque cada vez que tenemos un tiroteo en una escuela o un tiroteo masivo, siempre estamos hablando de salud mental", dijo West.

La senadora Lois Kolkhorst, republicana de Brenham, argumentó que los legisladores en esta sesión están inyectando más dinero a los programas de salud mental. En el presupuesto, los legisladores han reservado $15 millones para subsidios de salud mental y varios proyectos de ley aún por aprobar que enviarían millones a las autoridades locales de salud para expandir su alcance de salud mental.

"No queremos que nuestras escuelas se conviertan en el sistema de entrega de nuestro sistema de salud mental", dijo.

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